
Chihuahua a 27 de noviembre.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este lunes la presentación del fortalecimiento de la estrategia de Integridad y Anticorrupción en el Gobierno del Estado, iniciativa que busca mejorar la transparencia y el ejercicio responsable de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
Este esfuerzo, liderado por la Secretaría de la Función Pública, tiene como objetivo principal desarrollar una política pública que sea medible y observable, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.
Para llevar a cabo esta estrategia, el Gobierno del Estado trabajó en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), desarrollando un protocolo de actuación en el servicio público estatal que abarca siete ejes transversales. Estos ejes buscan establecer lineamientos claros y efectivos en los procesos de gestión pública.
Durante su intervención, el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte, destacó que la integridad en el servicio público no es una opción, sino una obligación. «Es fundamental cuidar los recursos financieros que la población aporta a través de los impuestos. Esta estrategia no solo busca prevenir la corrupción, sino también promover una cultura de transparencia y responsabilidad», señaló Fierro Duarte.
En el evento también participaron diversas figuras clave del ámbito público y judicial, entre ellos David Arellano Gault, profesor investigador titular de la División de Administración Pública del CIDE; el magistrado Fernando Mendoza, en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta; la diputada presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán Argueta; Carmen Lucila Álvarez González, presidenta del Comité de Participación Ciudadana; Héctor Alberto Acosta Félix, auditor Superior del Estado; y Abelardo Valenzuela, fiscal Anticorrupción del Estado.
Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del Gobierno del Estado para avanzar hacia una administración pública más íntegra, eficiente y cercana a las necesidades de la población.